Frente nacional:(1958-1974) fue un pacto bipartidista entre el Partido Liberal y el Partido Conservador en Colombia, diseñado para poner fin a la violencia partidista y restaurar la democracia.

El acuerdo consistió en la alternancia en la presidencia cada cuatro años entre representantes de ambos partidos, durante un periodo de 16 años. Si bien logró estabilidad política y económica y modernizó el país, también fue criticado por ser una "democracia cerrada" que excluyó a otras fuerzas políticas, lo que llevó a la aparición de nuevos grupos guerrilleros. 

Origen

Pactos de Benidorm (1956): Los líderes de ambos partidos, Alberto Lleras Camargo (Liberal) y Laureano Gómez (Conservador), firmaron el Pacto de Benidorm en España, donde acordaron la alternancia en el poder.

Contexto de violencia: El pacto surgió tras una década de violencia entre los partidos y la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla.

Plebiscito: En 1957, se aprobó el acuerdo en un plebiscito, que marcó la primera vez que las mujeres colombianas pudieron votar. 

Características principales

Alternancia en la presidencia: La presidencia se alternaría cada cuatro años entre un liberal y un conservador.

Reparto del poder: Los cargos públicos se compartían en partes iguales entre los dos partidos.

Modernización del Estado: Se implementaron políticas económicas y sociales para modernizar el país, incluyendo reformas en seguridad social, vivienda, educación y empleo.

Modernización de infraestructura: Se impulsó la construcción de carreteras, puentes y aeropuertos. 

Consecuencias

Fin de la violencia bipartidista: Se logró desmovilizar a las guerrillas liberales y se puso fin a la violencia de corte exclusivamente partidista.

Exclusión política: El sistema impidió la participación de otras fuerzas políticas y sociales no liberales o conservadoras.

Surgimiento de la guerrilla: La exclusión y los problemas sociales y económicos generaron inconformismo y llevaron a la formación de nuevos grupos guerrilleros como las FARC-EP (1964), el ELN (1965), el EPL (1967) y el M-19 (1973).

Problemas persistentes: A pesar de los logros, continuaron problemas sociales, económicos y políticos, como la corrupción y el despojo de tierras. 

La masacre de las bananeras fue una matanza de los trabajadores de la empresa estadounidense de banano United Fruit Company a manos del Ejército Nacional de Colombia, que buscó proteger los intereses de la multinacional United Fruit Company (hoy Chiquita Brands International), bajo el mando de Carlos Cortés Vargas, que se produjo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga, Magdalena.

Un número indefinido (diversas fuentes indican números entre 13 y 2000) de trabajadores fueron masacrados después de que el gobierno del conservador Miguel Abadía Méndez decidió poner fin a una huelga de un mes organizada por el sindicato de los trabajadores que buscaban garantizar mejores condiciones de trabajo.[3] El 28 de noviembre de ese año había estallado la huelga más grande de la historia colombiana. Más de 25 000 trabajadores de las plantaciones se negaron a cortar los bananos producidos por la United Fruit Company y por productores nacionales bajo contrato con la compañía.[4][5] A pesar de tal presión, la United Fruit Company y los huelguistas no lograron llegar a un acuerdo, y el ejército intervino, acribillando a varios obreros e hiriendo a otros más, quienes estaban protestando pacíficamente. 

Consecuencias.

mundial que la siguió, la United Fruit Company recortó su producción bananera en Colombia. El período de prosperidad de los años veinte se había ido para siempre. Plagas, deterioro del suelo, problemas laborales y el incremento de la intervención del gobierno hicieron que la United Fruit Company concentrará sus esfuerzos en otros países del mundo. Un aumento en la producción bananera a finales de los años treinta fue seguido por otra recesión a principio de los años cuarenta, cuando las condiciones impuestas por la guerra obligaron a la compañía a suspender totalmente las exportaciones de banano desde Colombia, por cinco años. Después de la Segunda Guerra Mundial, la United Fruit Company perdió su monopolio en la región de Ciénaga y se retiró de la producción, vendiendo o alquilando muchos de sus terrenos a cultivadores colombianos. La decisión de la United Fruit Company de no volver a involucrarse directamente en la producción socavó la unidad del movimiento obrero. Los sindicatos se fraccionaron, sus miembros mermaron y las condiciones de vida de los obreros declinaron. Al principio de los años setenta, la United Fruit Company abandonó totalmente la zona de Ciénaga

Hitos de la memoria.

Qué es: Es un lugar de entierro clandestino de gran magnitud donde se han encontrado múltiples víctimas de desaparición forzada.

Enfoque de la JEP: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha acompañado la búsqueda e identificación de víctimas, así como la investigación de los crímenes ocurridos en la zona.

Actos de memoria: Se han realizado actos simbólicos para honrar a las víctimas, con huellas, pancartas y siluetas en recuerdo de las personas desaparecidas.

Búsqueda de verdad, justicia y reparación: La búsqueda en La Escombrera busca esclarecer la verdad sobre lo ocurrido, obtener justicia para las víctimas y avanzar en procesos de reparación integral. 

La "Masacre de las Escombreras" se refiere a la fosa común urbana más grande de Colombia, ubicada en la Comuna 13 de Medellín. El término no se refiere a una masacre única, sino a un lugar donde se han ocultado los cuerpos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, especialmente durante la Operación Orión y el control paramilitar posterior. En diciembre de 2024, se realizaron importantes hallazgos de restos humanos en el lugar, identificándose inicialmente a dos víctimas. 

Contexto histórico: La masacre está asociada a las operaciones militares y paramilitares en la Comuna 13 de Medellín, específicamente a la Operación Orión en 2002.

Hallazgos recientes: En diciembre de 2024, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas encontraron restos óseos, activando el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Víctimas: Las dos primeras víctimas identificadas fueron una joven coordinadora de un grupo juvenil deportivo y un vendedor ambulante con discapacidad.

Importancia: Los hallazgos y la continua búsqueda son fundamentales para esclarecer la verdad sobre lo ocurrido, la identificación de las víctimas y la reparación a sus familias. 

Falsos Positivos es el nombre con el que la prensa de Colombia denominó al involucramiento principalmente de miembros del Ejército Nacional de Colombia en el asesinato de civiles no beligerantes haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco del Conflicto armado interno de Colombia principalmente entre 2006 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Este involucramiento se le conoce como ejecución extrajudicial según el derecho internacional humanitario.

Estos asesinatos tenían como objetivo aparentar resultados operacionales muy exitosos contra el narcotráfico y las guerrillas con el fin de obtener descansos, condecoraciones, retribuciones económicas u otros reconocimientos.[2] Aunque los entes de investigación en Colombia registran casos que datan desde 1988,[3] el auge del fenómeno se dio entre 2006 y 2008 de la mano de un programa de incentivos a los integrantes del Ejército Nacional que demostraran resultados contra la guerrilla, detallado en el Decreto 029 de 2005 del Ministerio de Defensa.[4] A su vez, coincidió con presiones altas y constantes sobre las unidades del Ejército Nacional para que reportaran éxitos militares en el marco de la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.[5] A estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como homicidios en persona protegida.[6]

El fenómeno se encuentra actualmente listado como el macro caso de investigación 003 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),[7] sistema de justicia transicional vigente en Colombia luego de la firma de los Acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP en 2016.

Múltiples estudios académicos han estudiado las razones y los incentivos que provocaron estos eventos, así como los métodos para prevenirlos y detenerlos.[8]

En 2023 el Estado colombiano pidió perdón a las víctimas denominadas falsos positivos en un acto conmemorativo con los familiares de estos, donde el presidente Gustavo Petro calificó como «genocidio» los asesinatos perpetrados por el Estado.[9]

En 2021, la JEP presentó una cifra impactante: 6.402 posibles víctimas de falsos positivos entre 2002 y 2008. Este número fue asumido por medios, redes sociales y líderes políticos como una verdad judicial incuestionable.[10]

En noviembre del 2024 la JEP reveló el nombre de 1.934 víctimas y las leyó una a una en una audiencia pública.

Fiscalía General de la Nación tenía bajo investigación 946 casos relacionados con posibles "falsos positivos" y la Procuraduría 1043 casos.[5] Para abril de 2015, la Fiscalía adelantaba 3430 investigaciones por estos hechos. Sin embargo, a pesar de todo el escándalo provocado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en estos homicidios habían sido liberados por vencimientos de términos.[44][45] Sin embargo, la cifra puede ascender hasta 10 000 personas que fueron muertas por el Ejército Nacional de Colombia, tal como lo asegura el periódico Okdiario de España en su artículo El Ejército colombiano mató a 10 000 civiles para mejorar las estadísticas en la guerra contra los rebeldes en mayo de 2018.[46]

Estadísticas según la JEP.

Las cifras de víctimas del fenómeno varían ampliamente según la fuente y metodología usada por los investigadores. Las cifras presentadas a la JEP incluyen las del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) que registra 1741 víctimas de 1984 a 2011 y la agrupación de organizaciones sociales Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que cita 1257 víctimas de 2002 a 2014. La base de datos más exhaustiva de víctimas la recopila la Fiscalía General de la Nación, que presentó a la JEP un listado de 2248 víctimas entre 1988 y 2014, definiendo el delito como «muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado».En un informe de febrero de 2021, la JEP estableció que la cifra total de víctimas fue de 6 402;sin embargo, esta no necesariamente es una cifra definitiva y aún hay un largo camino para la identificación total de las personas asesinadas, así como la reparación a sus familiares.

Implicados.

Estos son algunos de los funcionarios en ejercicio del Gobierno, durante el destape del escándalo por "falsos positivos". Cabe aclarar que muchos de ellos, como el mismo presidente del momento, Álvaro Uribe, o su ministro Juan Manuel Santos, no han sido investigados formalmente ni procesados por falsos positivos, sus nombres no se han vinculado a dichos procesos.

República

Ministros de Defensa

Camilo Ospina

Juan Manuel Santos

Miembros de las Fuerzas Públicas

Generales

General Rodolfo Palomino, excomandante de la Policía Nacional

General Mario Montoya Uribe, comandante del Ejército Nacional

Leonardo Gómez Vergara, el excomandante de Tercera Brigada del Ejército Nacional

Hernando Pérez Molina y Justo Eliseo Peña, excomandantes de la Tercera División del Ejército Nacional

Emiro José Barrios, comandante del Batallón Contraguerrilla número ocho.

General Rito Alejo del Río, excomandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional.

Nicacio Martínez Espinel, comandante del Ejército Nacional.

Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante de la Brigada 13 del Ejército Nacional

Mayor General (R) Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, de la Segunda División del Ejército Nacional.

General Paulino Coronado Gámez, excomandante de la Brigada 30 del Ejército Nacional.

General Henry Torres.

Otros rangos

Coronel Gabriel de Jesús Rincón.

Coronel Álvaro Amórtegui Gallego.

Mayor Gustavo Soto Bracamonte.

Capitán Armando Gordillo, del Ejército Nacional, condenado en 2007.

Teniente Juan Esteban Muñoz Montoya, del Ejército Nacional. Fue capturado en el aeropuerto El Dorado al regresar al país.

Coroneles (r) Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15).

Teniente coronel (r) Álvaro Diego Tamayo Hoyos, comandante del Batallón de Infantería N.º 15 'General Francisco de Paula Santander' (BISAN) de Ocaña.

Teniente coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado, oficial de operaciones de la BRIM15.

Teniente coronel (r) Juan Carlos Chaparro Chaparro, jefe de operaciones y comandante encargado del Batallón Francisco de Paula Santander.

Coroneles Wilson Camargo Tamayo, Henry Hernán Acosta Pardo y Marcolino Puerto Jiménez.

Mayores Gustavo Enrique Soto Bracamonte, Jorge Edwin Gordillo Benítez y Erwin Eduardo Duarte Rojas.

Capitanes Jaime Alberto Rivera Mahecha y César Augusto Cómbita Eslava.

Tenientes Marco Fabián García Céspedes y Zamir Humberto Casallas Valderrama.